Resumen
La Contraloría General de la República rechazó la impugnación presentada en representación de un exfuncionario de la Policía de Investigaciones de Chile, quien buscaba invalidar el decreto que ordenó su retiro temporal en 2006. El órgano explicó que, al momento del cese, regía el criterio del dictamen N° 13.614, de 2002, que permitía al Presidente de la República ponderar libremente los antecedentes para ordenar el alejamiento. Posteriormente, el dictamen N° 23.114, de 2007, cambió esa doctrina exigiendo motivación expresa y radicando en el Consejo Superior de Ética una atribución que no le correspondía. Sin embargo, por el principio de certeza jurídica, la nueva doctrina solo rige hacia el futuro y no afecta situaciones constituidas bajo la jurisprudencia anterior, por lo que no procedía dejar sin efecto el decreto.