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La Contraloría General de la República reitera que no procede revisar la calificación d…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República reitera que no procede revisar la calificación de un exfuncionario de la Policía de Investigaciones de Chile correspondiente al año 2013, por cuanto la solicitud fue presentada fuera de plazo. Conforme al artículo 160 de la ley N° 18.834, los servidores disponen de diez días hábiles desde que conocen su calificación para pedir su revisión, exigencia que no fue cumplida. Asimismo, respecto de la resolución que dispuso su retiro, el dictamen recuerda que el artículo 53 de la ley N° 19.880 otorga a la administración un plazo de caducidad de dos años para invalidar un acto contrario a derecho. Como la notificación se practicó en marzo de 2014 y la petición se presentó en septiembre de 2016, dicho plazo ya había expirado, por lo que no es posible ordenar la invalidación.

Normas citadas

  • Ley 18834 art/160
  • ley 19880 art/53 inc/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo tiene un funcionario público para pedir la revisión de su calificación según la Ley 18.834?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el artículo 160 de la Ley 18.834 otorga a los servidores diez días hábiles desde que conocen su calificación para pedir su revisión. Como esa exigencia no se cumplió, no procedió revisarla.

¿Qué plazo tiene la Administración para invalidar un acto administrativo contrario a derecho según la Ley 19.880?

En este caso, la Contraloría recordó que el artículo 53 de la Ley 19.880 concede a la Administración un plazo de caducidad de dos años para invalidar un acto contrario a derecho. Como ese plazo ya había expirado al presentarse la petición, no era posible ordenar la invalidación.

¿Puede revisarse hoy la resolución de retiro de un funcionario de la PDI si su notificación fue hace varios años?

En este caso, la Contraloría concluyó que no era posible revisar la resolución de retiro, porque la petición se presentó más de dos años después de su notificación. Así, el plazo de caducidad de la Ley 19.880 ya había expirado y no procedió ordenar la invalidación.

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