Resumen
La Contraloría General de la República resolvió una solicitud de reconsideración del informe final N° 52, de 2014, de la Contraloría Regional del Bío-Bío, relativo a una auditoría al contrato de reposición del Hospital de Cañete. El organismo precisó que la norma que le impide intervenir en asuntos de carácter litigioso se refiere solo a su facultad de dictaminar, y que no le impide realizar auditorías e investigaciones. Respecto de la instrucción impugnada, sostuvo que la invalidación de un acto viciado responde al principio de juridicidad (artículos 6° y 7° de la Constitución y 2° de la ley N° 18.575), por lo que la Contraloría Regional estaba habilitada para impartirla. Sin embargo, por existir una causa judicial en la que se pide la nulidad de la resolución exenta N° 2.229, de 2014, decidió no perseverar en la instrucción.