La Contraloría General de la República rechazó la solicitud de un profesional funcionar…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2017
Resumen
La Contraloría General de la República rechazó la solicitud de un profesional funcionario y confirmó su decisión anterior de no pronunciarse sobre el incumplimiento del período asistencial obligatorio tras una beca de especialización, debido a que dicha materia se encuentra sometida a resolución judicial. El dictamen señala que tanto el cobro de la garantía como la inhabilitación para reingresar a la Administración del Estado por seis años son consecuencias legales del incumplimiento, conforme a la ley N° 19.664 y el decreto N° 507 del Ministerio de Salud. Sin embargo, al estar el asiento en conocimiento del Poder Judicial, la Contraloría se abstiene de intervenir para no interferir en sus atribuciones, ratificando el oficio regional que ya había adoptado esa postura.
Normas citadas
ley 19664 art/12 inc/2
dto 507/90 salud art/24 inc/1
ley 10336 art/6 inc/3
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede la Contraloría pronunciarse sobre el incumplimiento del período asistencial de un profesional becado si el asunto ya está en tribunales?
En este caso, la Contraloría General de la República se abstuvo de pronunciarse porque la materia estaba sometida a resolución judicial, para no interferir con las atribuciones del Poder Judicial. Por eso rechazó la solicitud y ratificó la postura del oficio regional.
¿Qué consecuencias legales tiene para un profesional funcionario no cumplir el período asistencial obligatorio tras una beca de especialización?
Según este dictamen, el incumplimiento acarrea el cobro de la garantía y la inhabilitación para reingresar a la Administración del Estado por seis años, conforme a la ley N° 19.664 y al decreto N° 507 del Ministerio de Salud.
¿Qué implica que la Contraloría se abstenga de intervenir en un asunto que el Poder Judicial conoce?
En este caso, el organismo sostuvo que, al estar el asunto en conocimiento del Poder Judicial, no debía intervenir para no interferir en sus atribuciones. Así, la decisión de no pronunciarse se mantuvo sin revisar el fondo del incumplimiento.
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