La Contraloría General de la República representó la Resolución N° 63, de 2013, del Gob…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
Resumen
La Contraloría General de la República representó la Resolución N° 63, de 2013, del Gobierno Regional de La Araucanía, por cuanto absolvió a funcionarios cuya responsabilidad administrativa estaba acreditada. El organismo concluyó que la autoridad recurrente no podía invocar un mandato de la Ley de Presupuestos, pues su vigencia es anual y no alcanza a hechos anteriores a su entrada en vigor. Además, precisó que el deber de supervisar el convenio recae también en el gobierno regional, por lo que sus servidores pueden ser sancionados por su incumplimiento. Se constató que una funcionaria autorizó un estado de avance pese a que algunas obras no estaban realizadas, y que su jefe directo no ejerció un control jerárquico eficaz. Por ello, la Contraloría estimó que la absolución no se ajustó a derecho.
Normas citadas
ley 18091 art/16
ley 19175 art/20 lt/d
ley 20713 art/24
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede un servicio público invocar un mandato de la Ley de Presupuestos para justificar actos anteriores a su entrada en vigor?
En este caso, la Contraloría sostuvo que no, porque la Ley de Presupuestos tiene vigencia anual y no alcanza a hechos anteriores a su entrada en vigor. Por eso la absolución de los funcionarios no se ajustó a derecho.
¿Puede un gobierno regional ser responsable de supervisar un convenio de transferencia y sancionar a sus servidores por no hacerlo?
En este caso, la Contraloría precisó que el deber de supervisar el convenio recae también en el gobierno regional, por lo que sus servidores pueden ser sancionados por su incumplimiento.
¿Qué responsabilidad administrativa tiene un funcionario que autoriza un estado de avance de obras no ejecutadas y su jefe que no ejerce control jerárquico?
En este caso, se constató que una funcionaria autorizó un estado de avance pese a que algunas obras no estaban realizadas, y que su jefe directo no ejerció un control jerárquico eficaz. La Contraloría estimó que la absolución de ambos no se ajustó a derecho.
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