El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalid…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 4° de la Ley N° 19.886, que establece una inhabilidad para contratar con la Administración del Estado a empresas condenadas por infracciones a la legislación laboral. La requirente alegaba que su aplicación vulneraba la igualdad ante la ley y constituía una discriminación arbitraria. El Tribunal reiteró su jurisprudencia previa y sostuvo que exigir a los contratistas el cumplimiento de la ley laboral es legítimo, pues la contratación pública es una herramienta de políticas públicas que busca evitar asociarse con conductas ilícitas, proteger la libre competencia y la buena fe en la contratación estatal, e incentivar el cumplimiento normativo. Estimó que la inhabilidad no es desproporcionada, ya que dura dos años, exige una condena judicial previa tras un procedimiento en que el demandado pudo defenderse, y no impide al empleador contratar con privados. Por ello, concluyó que la aplicación del precepto no vulnera la igualdad ante la ley en el caso concreto. La resolución final se pronuncia, en su parte dispositiva, sobre la fijación de la acción de inaplicabilidad y su alcance.
Normas citadas
artículo 65, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 69, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 9, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 11, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional la inhabilidad para contratar con el Estado de empresas condenadas por infracciones laborales?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la inhabilidad del artículo 4° de la Ley N° 19.886 no vulnera la igualdad ante la ley, porque persigue fines legítimos de políticas públicas, dura dos años y exige una condena judicial previa en un procedimiento donde el afectado pudo defenderse.
¿Por qué el Estado puede exigir cumplimiento de la legislación laboral a quienes contratan con él?
En este caso, el Tribunal explicó que la contratación pública es una herramienta de políticas públicas que busca evitar asociarse con conductas ilícitas, proteger la libre competencia y la buena fe, e incentivar el cumplimiento normativo.
¿Puede una empresa sancionada con inhabilidad seguir contratando con particulares?
En este caso, el Tribunal indicó que la inhabilidad no impide al empleador contratar con privados, lo que influyó en su conclusión de que la medida no es desproporcionada.
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