El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad presentado por l…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad presentado por la Universidad de Playa Ancha respecto de la inhabilidad para contratar con el Estado contemplada en el artículo 4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886, que se aplicaba a un proveedor sancionado por infracciones laborales. Según lo resuelto, la aplicación del precepto no vulnera el artículo 19 de la Constitución, ni el debido proceso ni el derecho de propiedad, por cuanto la inhabilidad deriva de una sentencia judicial ejecutoriada y tiene una duración limitada a dos años. El Tribunal sostuvo que la medida persigue resguardar la libre competencia, la buena fe en la contratación pública y el cumplimiento de la legislación laboral. En su parte resolutiva, el fallo concluyó que la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente no resulta contraria a la Constitución y declaró en definitiva el rechazo del requerimiento.
Normas citadas
artículo 477, de Código del Trabajo
artículo 478, letra e), de Código del Trabajo
artículo 478, letra b), de Código del Trabajo
artículo 485, de Ley N° 20.433
artículo 65, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 69, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la pena
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional aplicar la inhabilidad para contratar con el Estado a un proveedor que fue sancionado por infracciones laborales?
En este caso, el Tribunal Constitucional resolvió que la aplicación de la inhabilidad del artículo 4° de la Ley N° 19.886 no es contraria a la Constitución y rechazó el requerimiento de inaplicabilidad. Sostuvo que la inhabilidad deriva de una sentencia judicial ejecutoriada y dura dos años.
¿La inhabilidad para contratar con el Estado por sanciones laborales vulnera el debido proceso o el derecho de propiedad?
En este caso, el Tribunal concluyó que la aplicación del precepto no vulnera el debido proceso ni el derecho de propiedad, ya que la inhabilidad nace de una sentencia judicial firme y tiene duración limitada. Por ello rechazó el requerimiento.
¿Qué finalidad justifica la inhabilidad para contratar con organismos públicos a proveedores con infracciones laborales?
En este caso, el Tribunal sostuvo que la medida busca resguardar la libre competencia, la buena fe en la contratación pública y el cumplimiento de la legislación laboral. Con ese fundamento estimó que la inhabilidad es compatible con la Constitución.
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