El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, que excluye de la sustitución de penas privativas de libertad a determinados delitos, en el contexto de una gestión pendiente. La parte requirente sostuvo que dicha exclusión vulneraba la igualdad ante la ley y la racionalidad del sistema. El Tribunal comparó la penalidad abstracta y concreta del delito atribuido al requirente con la de los demás delitos excluidos del beneficio y constató una sustancial desproporción, que configura una situación de irracionalidad incompatible con la Constitución. Por ello acogió parcialmente la impugnación, declarando la inaplicabilidad del precepto en la gestión pendiente invocada.
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Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable la exclusión de la sustitución de penas por desproporción frente a otros delitos?
Sí. En este caso, el Tribunal Constitucional comparó la penalidad del delito atribuido al requirente con la de otros delitos excluidos del beneficio, constató una sustancial desproporción que resulta irracional e incompatible con la Constitución, y por ello acogió parcialmente el requerimiento y declaró la inaplicabilidad del precepto en la gestión pendiente.
¿Vulnera la igualdad ante la ley excluir de la sustitución de penas a ciertos delitos privativos de libertad?
En este caso, la requirente sostuvo que la exclusión vulneraba la igualdad ante la ley y la racionalidad del sistema. El Tribunal acogió esa tesis solo en cuanto constató una desproporción sustancial en la penalidad frente a los demás delitos excluidos, sin extenderla a una inconstitucionalidad general del precepto.
¿Qué efecto tiene una declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en un caso concreto?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró la inaplicabilidad del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216 solo en la gestión pendiente invocada. Por tanto, el precepto no se aplica en ese proceso, sin que el resumen indique que se haya derogado o anulado de forma general.
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