La Corte Suprema conoció la apelación de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Va…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema conoció la apelación de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que había rechazado un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano extranjero contra el Servicio Nacional de Migraciones. La resolución administrativa impugnada había rechazado la solicitud de regularización migratoria y ordenado el abandono del país, fundándose en la falta de certificado de antecedentes penales debidamente legalizado y/o apostillado. El tribunal recordó el deber del Estado de promover la obtención de permisos de residencia conforme al artículo 7 de la Ley N° 21.325, y consideró que la exigencia era desproporcionada, atendido que el amparado residía nueve años en Chile sin anotaciones penales y que su país de origen presentaba obstáculos institucionales para expedir documentos. En consecuencia, la Corte revocó la sentencia apelada, acogió el amparo, dejó sin efecto la resolución impugnada y ordenó reabrir el procedimiento administrativo, otorgando un plazo de al menos 180 días para acompañar el certificado.
Normas citadas
Art. 7 Ley N° 21.325
Art. 21 Constitución Política de la República
amparoregularización migratoriaprocedimiento racional y justoproporcionalidadLey de Migracióncertificado de antecedentes penalesrevocación de sentencia
Preguntas frecuentes
¿Puede el Servicio Nacional de Migraciones rechazar una solicitud de residencia solo por no presentar un certificado de antecedentes penales apostillado?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que exigir el certificado de antecedentes penales debidamente legalizado o apostillado era desproporcionado, por lo que dejó sin efecto el rechazo y ordenó reabrir el procedimiento administrativo.
¿Qué obligación tiene el Estado de Chile frente a extranjeros que buscan regularizar su residencia según la Ley N° 21.325?
La Corte Suprema recordó que el Estado debe promover la obtención de permisos de residencia conforme al artículo 7 de la Ley N° 21.325, y aplicó ese deber para analizar la exigencia documental impugnada.
¿Qué plazo puede otorgarse para acompañar un certificado de antecedentes que el extranjero no puede obtener de inmediato desde su país de origen?
En este caso, la Corte ordenó reabrir el procedimiento y otorgó un plazo de al menos 180 días para acompañar el certificado, considerando que el amparado llevaba nueve años en Chile sin anotaciones penales y que su país presentaba obstáculos para expedir documentos.
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