Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la fiscalización que un concejal de La Florida ejerce respecto de la Corporación Cultural de esa comuna, en particular sobre la entrega de información vinculada a las subvenciones municipales otorgadas a dicha entidad. El dictamen recordó que el artículo 10 de la Ley N° 20.285 reconoce a toda persona el derecho a solicitar y recibir información de los órganos de la Administración del Estado, incluidos los actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y toda información elaborada con presupuesto público. Concluyó que un concejal puede solicitar esa información a título personal, y que el alcalde sólo puede negarse invocando alguna de las excepciones legales, como las del artículo 21 de la misma ley. Por lo anterior, determinó que el municipio está obligado a atender debidamente el requerimiento, dado el principio constitucional de publicidad de los actos administrativos.