Una persona natural dedujo recurso de protección contra la Municipalidad de Coronel, im…
Sentencia · Corte Suprema · 2022
Resumen
Una persona natural dedujo recurso de protección contra la Municipalidad de Coronel, impugnando el decreto alcaldicio Nº11.232, que ordenaba la demolición parcial de ampliaciones realizadas en su vivienda sin permisos de edificación. El recurrente sostuvo que dichas construcciones habían sido regularizadas administrativamente en 2012 al acogerse a la Ley 20.582, con aprobación municipal y emisión de giro de derechos municipales, lo que constituía un acto administrativo vinculante para la administración. La municipalidad alegó la extemporaneidad del recurso, la improcedencia de la acción y la falta de legitimación pasiva. La Corte de Apelaciones de Concepción, por mayoría, rechazó esas alegaciones y acogió el recurso, dejando sin efecto el decreto impugnado y disponiendo que el municipio, de adoptar alguna medida, debe seguir el procedimiento respectivo y abstenerse de demoler. La ministra N.B.B. fue del voto en contra, por estimar extemporáneo el recurso.
Normas citadas
Ley de Urbanismo y Construcción
Constitución Política de la República (derechos constitucionales)
recurso de proteccióndemoliciónpermisos de edificaciónregularización administrativaderechos constitucionalesacto administrativomunicipalidadarbitrariedad administrativa
Preguntas frecuentes
¿Es procedente el recurso de protección contra un decreto alcaldicio que ordena la demolición de una construcción?
En este caso, la Corte Suprema acogió el recurso de protección contra el decreto alcaldicio que ordenaba la demolición parcial de ampliaciones, rechazando las alegaciones de extemporaneidad, improcedencia y falta de legitimación pasiva planteadas por el municipio. La ministra que votó en contra estimó que el recurso era extemporáneo.
¿Qué efecto tiene la emisión de un giro de derechos municipales por una ampliación construida sin permiso?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el giro de derechos municipales emitido tras la aprobación de la regularización en 2012 era parte de un acto administrativo vinculante para la administración. Por ello, el municipio no podía desconocer esa regularización al ordenar posteriormente la demolición.
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