Un particular interpuso recurso de protección contra la Municipalidad de Chiguayante po…
Sentencia · Corte Suprema · 2023
Resumen
Un particular interpuso recurso de protección contra la Municipalidad de Chiguayante por el decreto municipal que ordenaba la demolición de una ampliación de su vivienda, alegando que la construcción existía antes de su adquisición de la propiedad y que no había realizado modificaciones, para lo cual acompañó informes de tasación bancaria. La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso, sin costas. El tribunal estimó que la acción de protección es improcedente para resolver este tipo de controversias, pues está destinada a situaciones en que los hechos y los derechos constitucionales afectados son indubitados, lo que no ocurría en el caso. Asimismo, indicó que el alegato de prescripción debe discutirse en un procedimiento de lato conocimiento que asegure el debido proceso, considerando que la denuncia y la resolución de demolición datan de 2018-2019 y que el recurrente había solicitado prórrogas para ejecutar la demolición ordenada. La decisión se fundó en el artículo 20 de la Constitución Política y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección.
Normas citadas
Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República de Chile
Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República de Chile
Artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile
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Preguntas frecuentes
¿Puede usarse el recurso de protección para discutir si una construcción está prescrita y si el municipio debe ordenar su demolición?
En este caso, el tribunal estimó que la controversia sobre prescripción y sobre la existencia previa de la obra excede el ámbito de la protección. Por ello, el recurso se rechazó como improcedente, sin costas.
¿Qué significa que la acción de protección sea improcedente para resolver controversias sobre hechos inciertos en materia de urbanismo?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Concepción, cuya decisión se mantuvo, señaló que el recurso exige hechos indubitados y que aquí existían controversias sobre la fecha de la obra y las modificaciones realizadas. Por eso debía resolverse en un juicio de lato conocimiento, según el artículo 20 de la Constitución y el Auto Acordado de la Corte Suprema.
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