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La Corte de Apelaciones de Rancagua conoció un recurso de protección deducido por seis…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024

Resumen

La Corte de Apelaciones de Rancagua conoció un recurso de protección deducido por seis familias contra la Municipalidad de Rancagua, que ordenó la demolición de sus viviendas en la población J.A.. Los recurrentes sostenían que las propiedades habían sido legalizadas por SERVIU al momento de la compra, como compensación por una demolición anterior. La municipalidad fundó la orden en que el antejardín de una de las propiedades ocupaba un bien nacional de uso público destinado a área verde. La Corte rechazó el recurso, sin costas, por estimar que la orden se ajustó a derecho: se dictó dentro de las facultades municipales y conforme al procedimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para corregir una infracción urbanística solicitada por la Seremi de Bienes Nacionales. Además, consideró que la eventual legalización por SERVIU no eximía del cumplimiento de la normativa sobre bienes nacionales.

Normas citadas

  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República
  • Decreto 2334/2023 de la Ilustre Municipalidad de Rancagua
  • Ordinario N° 393 de la Seremi de Bienes Nacionales de fecha 22 de marzo de 2021
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Preguntas frecuentes

¿La legalización de una vivienda por parte de SERVIU impide después que se ordene su demolición por ocupar bienes nacionales de uso público?

En este caso, la Corte sostuvo que la eventual legalización de las viviendas por SERVIU no eximía del cumplimiento de la normativa sobre bienes nacionales de uso público. Por ello, el hecho de que los recurrentes alegaran que sus propiedades habían sido legalizadas al momento de la compra no impidió la orden de demolición.

¿Cuándo es procedente el recurso de protección contra una orden municipal de demolición de viviendas?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Rancagua concluyó que no era procedente acoger el recurso de protección, porque la orden municipal fue dictada dentro de las facultades municipales, siguió el procedimiento legal y fue solicitada para corregir una infracción urbanística. La Corte rechazó el recurso sin costas.

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