La Corte de Apelaciones rechazó un recurso de protección presentado por un grupo de vec…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024
Resumen
La Corte de Apelaciones rechazó un recurso de protección presentado por un grupo de vecinos contra una orden de demolición dictada por la Municipalidad de Rancagua. Los recurrentes alegaban que la orden afectaba sus derechos, pero el tribunal concluyó que el actuar municipal se ajustó a derecho. La demolición fue ordenada para corregir una infracción urbanística consistente en la ocupación de un bien nacional de uso público destinado a área verde, a solicitud de la Seremi de Bienes Nacionales. La Corte sostuvo que la Municipalidad actuó dentro de sus facultades legales y conforme al procedimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y que la ocupación de un bien nacional de uso público por particulares carece de justificación, pues su uso debe estar abierto a toda la comunidad. Por ello, rechazó la acción constitucional sin costas.
Normas citadas
Ley N° 18.695
Artículo 5 de la ley N° 18.695
Ley 1939
Decreto ley 1939
Código Civil
recurso de protecciónorden de demoliciónbien nacional de uso públicoárea verdeinfracción urbanísticaLey General de Urbanismo y ConstruccionesMunicipalidadfacultades municipales
Preguntas frecuentes
¿Puede un particular ocupar un bien nacional de uso público destinado a área verde?
En este caso, la Corte de Apelaciones sostuvo que la ocupación de un bien nacional de uso público por particulares carece de justificación, pues su uso debe estar abierto a toda la comunidad.
¿Es procedente un recurso de protección contra una orden de demolición municipal por infracción urbanística?
En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección, concluyendo que el actuar municipal se ajustó a derecho y que la demolición fue ordenada para corregir una infracción urbanística.
¿Actúa dentro de sus facultades la Municipalidad al ordenar la demolición de una obra que ocupa un área verde?
En este caso, la Corte de Apelaciones sostuvo que la Municipalidad actuó dentro de sus facultades legales y conforme al procedimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones al ordenar la demolición.
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