La Corte Suprema conoció un recurso de amparo presentado por un ciudadano extranjero co…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema conoció un recurso de amparo presentado por un ciudadano extranjero contra el Servicio Nacional de Migraciones, que había rechazado su solicitud de residencia temporal y ordenado su abandono del país y una prohibición de ingreso, por no acompañar certificado de antecedentes penales legalizado o apostillado, contrato de trabajo con firmas autorizadas ante notario y comprobante de pago de multas. La Corte revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel y acogió el recurso, por considerar que la decisión administrativa era ilegal por desproporcionada: no ponderó las graves consecuencias para el amparado, su residencia de seis años en Chile, su arraigo laboral, la ausencia de anotaciones penales en Chile y las dificultades para obtener documentos debido a la crisis en su país de origen. En consecuencia, dejó sin efecto la resolución administrativa de 2025 y ordenó reabrir el procedimiento, otorgando un plazo de 180 días para acompañar los documentos exigidos.
Normas citadas
Ley 21325 art. 7
Constitución Política de la República de Chile art. 21
Contrato de trabajoCertificado de antecedentes penalesAutoridad migratoriaProcedimiento racional y justoProhibición de ingreso al paísAmparos extranjeríaAcción de amparoAbandono del país
Preguntas frecuentes
¿Puede el Servicio Nacional de Migraciones rechazar una residencia temporal solo por no acompañar apostillas o contratos notariales?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la decisión administrativa era ilegal por desproporcionada, porque no ponderó el arraigo laboral, los seis años de residencia, la ausencia de antecedentes penales en Chile y las dificultades para obtener documentos. Por eso acogió el recurso de amparo.
¿Qué efecto tiene un recurso de amparo contra una orden de abandono del país dictada por Migraciones?
En este caso, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel y dejó sin efecto la resolución administrativa. Ordenó reabrir el procedimiento y otorgó un plazo de 180 días para acompañar los documentos exigidos.
¿Debe la autoridad migratoria considerar las circunstancias del extranjero antes de decretar su expulsión o prohibición de ingreso?
En este caso, la Corte Suprema estimó que sí, pues la autoridad debió ponderar las graves consecuencias para el amparado, su residencia en Chile y la crisis de su país de origen. Omitir esa ponderación hizo que la decisión fuera ilegal.
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