Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema conoció de un recurso de amparo presentado por Roxana Concepción Bericote Acevedo contra el Servicio Nacional de Migraciones, impugnando la Resolución Exenta N° 25024044 de 16 de enero de 2025 que rechazó su solicitud de residencia temporal y ordenó su abandono del país por no acompañar un certificado de antecedentes penales debidamente legalizado y/o apostillado. La recurrente es de Venezuela, país con problemas políticos e institucionales que dificultan la obtención de documentos. Ella ha residido más de cinco años en Chile, cuenta con arraigo familiar y no tiene anotaciones penales en su contra. La Corte consideró que la decisión de la Administración fue desproporcionada, pues la falta del documento no debía primar sobre las circunstancias personales y el contexto del país de origen. En consecuencia, se revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado el amparo, y se acogió el recurso, dejando sin efecto la resolución impugnada. Se ordenó reabrir el procedimiento administrativo, concediendo un nuevo plazo de 180 días para que la recurrente presente el certificado de antecedentes penales debidamente legalizado y/o apostillado. La decisión se fundó en el artículo 7 de la Ley N° 21.325 y el artículo 21 de la Constitución Política de la República.