Resumen
La Corte Suprema, Segunda Sala, rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de un acusado condenado por tráfico de drogas, el que cuestionaba la validez de la sentencia y del juicio oral del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. La defensa alegaba que la orden de entrada y registro vulneró la vida privada, la inviolabilidad del hogar y la propiedad, y que la prueba obtenida en el domicilio era ilícita. El tribunal estimó que el agravio debe afectar directamente al recurrente, por lo que quienes podrían alegar perturbación serían los ocupantes de los departamentos independientes del lugar registrado, no el imputado. Asimismo, consideró que la prueba incautada, incluida una cantidad importante de marihuana y una balanza digital, era relevante para la condena pese a que el inmueble no estuviera a nombre del acusado, pues tenía sus llaves y, por tanto, control sobre él. Al haberse descartado la premisa de ilicitud, la denuncia subsidiaria sobre la prueba fue igualmente desestimada. Un ministro previno que los errores denunciados en la causal subsidiaria se referían a regularidad procedimental y no a la correcta aplicación del derecho sustantivo penal.