La Corte Suprema conoció un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano venezolano e…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema conoció un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano venezolano en contra del Servicio Nacional de Migraciones, que había rechazado su solicitud de residencia definitiva, ordenado su abandono del país y dispuesto una prohibición de ingreso subsecuente, fundándose en la falta de certificado de antecedentes penales apostillado y vigente, de contrato de trabajo vigente y en el no pago de multa y derechos. La Corte de Apelaciones de Santiago había rechazado el amparo, pero la Corte Suprema revocó esa decisión. Estimó que la Administración decidió por consideraciones puramente formales, sin ponderar el arraigo familiar, laboral y social del extranjero, vulnerando el derecho a un procedimiento racional y justo y el derecho a la libertad personal. En consecuencia, acogió el amparo, dejó sin efecto el acto impugnado y la orden de abandono, y ordenó otorgar un nuevo plazo de noventa días para acompañar la documentación requerida y pronunciarse nuevamente sobre la petición.
Normas citadas
Art. 3, incisos 1° y 3°, Ley N° 21.325
Art. 7 Ley N° 21.325
Art. 21 Constitución Política de la República
(CRIMEN) APELACIÓN AMPAROSEGUNDA, PENAL
Preguntas frecuentes
¿Qué implica que el Servicio de Migraciones deba ponderar el arraigo del extranjero antes de ordenar su abandono del país?
La Corte Suprema sostuvo que el acto impugnado vulneró el derecho a un procedimiento racional y justo y el derecho a la libertad personal, al no considerar el arraigo familiar, laboral y social del ciudadano venezolano. Por ello, dejó sin efecto la orden de abandono y la prohibición de ingreso subsecuente.
¿Procede el recurso de amparo contra una decisión migratoria que rechaza la residencia y ordena el abandono del país?
En este caso, la Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado el amparo y acogió el recurso interpuesto contra el Servicio Nacional de Migraciones. Así, el tribunal consideró que la decisión administrativa afectaba la libertad personal del extranjero.
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