El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en el marco de un control concreto, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, que excluye del acceso a penas sustitutivas a ciertos delitos. El requirente sostenía que esta exclusión era desproporcionada y vulneraba la igualdad ante la ley. El Tribunal rechazó el requerimiento: estimó que el legislador puede establecer penas de presidio efectivo para delitos que conllevan un reproche adicional, como la violencia de género, el uso de armas prohibidas o robadas, y el tráfico o producción de drogas, sin que ello sea discriminatorio ni carezca de razonabilidad. Agregó que la eventual pena a imponer al requirente corresponde ser determinada por el tribunal penal competente y no por la Magistratura constitucional.
Normas citadas
artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
artículo 8, letra g), de Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud
artículo 4, de Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud
artículo 15, de Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud
artículo 15 bis, de Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional fijar la pena concreta que corresponde a una persona condenada por un delito excluido de las penas sustitutivas?
En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que la pena a imponer corresponde ser determinada por el tribunal penal competente y no por la Magistratura constitucional.
¿Cuándo procede un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216?
En este caso, el Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el marco de un control concreto, pero lo rechazó tras estimar que la exclusión de penas sustitutivas no era desproporcionada ni vulneraba la igualdad ante la ley.
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