La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicabilidad del silencio…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicabilidad del silencio administrativo y de otras normas de procedimiento de la ley N° 19.880 al recurso de reclamación regulado en la ley N° 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. El órgano concluyó que, al existir un procedimiento especial para la reclamación contra resoluciones que rechacen o condicionen un E.I.A., previsto en la ley N° 19.300 y en el decreto N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, esas disposiciones priman sobre las de la ley N° 19.880, que opera solo de forma supletoria. Invocó su jurisprudencia sobre el principio de especialidad normativa. No obstante, como el peticionario no precisó de qué forma el reglamento contradice la ley N° 19.880 al establecer plazos mayores, la Contraloría declaró que no podía emitir una opinión jurídica sobre ese punto.
Normas citadas
ley 19880 art/64 inc/2
ley 19880 art/64 inc/3
ley 19880 art/18
ley 19300 art/20
dto 40/2012 Minma art/77 inc/fin
ley 19880 art/1
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Se aplica el silencio administrativo de la ley 19.880 al recurso de reclamación contra una resolución que rechaza un E.I.A.?
En este caso, la Contraloría sostuvo que no, porque la ley 19.300 y el decreto del Ministerio del Medio Ambiente contemplan un procedimiento especial para esa reclamación, que prima sobre la ley 19.880, la cual opera solo de forma supletoria.
¿Cuál prevalece entre la ley de bases del medio ambiente y la ley 19.880 de procedimiento administrativo cuando hay un procedimiento especial?
En este caso, la Contraloría concluyó que el procedimiento especial de la ley 19.300 y su reglamento prima sobre las normas de la ley 19.880, citando su jurisprudencia sobre el principio de especialidad normativa.
¿La Contraloría se pronuncia sobre si un reglamento ambiental que fija plazos mayores contradice la ley 19.880?
En este caso, la Contraloría declaró que no podía emitir opinión jurídica sobre ese punto, porque el peticionario no precisó de qué forma el reglamento contradice la ley 19.880 al establecer plazos mayores.
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