Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta del Instituto de Previsión Social, que pretendía dejar sin efecto una pensión no contributiva otorgada por gracia, fundada en que las imposiciones pagadas por subrogación carecerían de causa legal y que, sin ellas, el beneficiario no cumpliría las cotizaciones mínimas exigidas. El organismo consultante reconoció que la autorización de ese pago no podía invalidarse, pues había transcurrido el plazo de dos años del artículo 53 de la Ley 19.880. Considerando que la facultad para conocer estas materias corresponde a la Superintendencia de Pensiones, según los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 20.255, y conforme a la jurisprudencia del dictamen N° 36.968 de 2011, la Contraloría resolvió remitir la presentación, sus antecedentes y el expediente jubilatorio a dicha Superintendencia para su estudio y respuesta directa al Instituto.