La Contraloría General de la República conoció una solicitud del Instituto de Previsión…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
Resumen
La Contraloría General de la República conoció una solicitud del Instituto de Previsión Social que pedía reconsiderar un dictamen que había ordenado reliquidar una pensión, por estimar que el derecho a la revisión se encontraba prescrito. El organismo recordó que el artículo 4° de la ley N° 19.260 permite revisar beneficios previsionales cuando existan errores de cálculo o de hecho, pero solo dentro de un plazo de tres años desde el otorgamiento o reajuste del beneficio. Constató que la última presentación del beneficiario era de 2003, resuelta en 2004, y que el requerimiento se efectuó en 2010, fuera de plazo. Por ello, acogió la reconsideración y dejó sin efecto la orden de revisar la pensión no contributiva por gracia, al considerar vencido el plazo para impetrarla.
Normas citadas
ley 19234
dto 39/99 Traps art/27 bis
dto 39/99 Traps art/28
ley 19260 art/4 inc/3
ley 19260 art/4 inc/4
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Prescribe el derecho a pedir la revisión de una pensión por errores de cálculo en Chile?
En este caso, la Contraloría General sostuvo que el artículo 4° de la ley N° 19.260 permite revisar beneficios previsionales por errores de cálculo o de hecho solo dentro de tres años desde el otorgamiento o reajuste del beneficio. Al requerirse la revisión fuera de ese plazo, consideró vencido el derecho y dejó sin efecto la orden de reliquidar.
¿Puede el IPS pedir reconsiderar un dictamen de la Contraloría que ordenó reliquidar una pensión?
En este caso, la Contraloría conoció una solicitud del Instituto de Previsión Social para reconsiderar su dictamen anterior, fundada en la prescripción del derecho a revisar la pensión. El organismo acogió la reconsideración y dejó sin efecto la orden de revisar la pensión no contributiva por gracia.
¿Desde cuándo se cuenta el plazo para revisar una pensión no contributiva por gracia?
En este caso, la Contraloría consideró que el plazo de tres años debía contarse desde el otorgamiento o reajuste del beneficio, y no desde la última presentación del beneficiario. Como la última presentación era de 2003 y el requerimiento se efectuó en 2010, lo estimó fuera de plazo.
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