Resumen
La Contraloría General de la República resolvió la solicitud de un jubilado que pedía la revisión de su pensión. Concluyó que el derecho a impetrar dicha revisión se encontraba prescrito, pues entre la reliquidación del beneficio efectuada en el año 2000 y el reclamo presentado ante la Superintendencia de Pensiones en 2009 transcurrieron más de los tres años que exige la normativa aplicable. Además, la pensión había sido calculada con el máximo período impositivo permitido (30/30 avos), por lo que incluir otros períodos no alteraría el monto percibido. Respecto del dictamen N° 62.098, de 2011, que asimila la renta de los receptores a la de un Secretario del Tribunal, el organismo determinó que no resultaba aplicable, ya que el dictamen N° 34.957, de 2009, limitó esa interpretación a los períodos desde el 19 de marzo de 2008, y la situación previsional del interesado ya estaba consolidada en el año 2000. Finalmente, instruyó al Instituto de Previsión Social a verificar si existen cotizaciones vigentes no consideradas en el cálculo y a informarlo directamente al solicitante.