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La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de una persona que…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de una persona que cumplió labores de aseo en el Hospital de Talagante, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, entre marzo y abril de 2010, sin que se le pagaran sus remuneraciones. El establecimiento informó que la contratación no se formalizó porque la interesada no acompañó los antecedentes que acreditaran el cumplimiento de los requisitos del cargo. El órgano de control constató que no existía registro de contratación, pero resolvió que, si la reclamante efectivamente prestó servicios en ese período, tiene derecho a ser remunerada por el tiempo trabajado, en razón del principio retributivo de la función pública, citando dictámenes previos. Por ello, ordenó dar curso al pago de dichos estipendios en el menor plazo posible.

ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Tiene derecho a remuneración una persona que prestó servicios en un hospital público sin contrato formalizado?

En este caso, la Contraloría General de la República resolvió que, si la persona efectivamente prestó servicios durante el período reclamado, tiene derecho a ser remunerada por el tiempo trabajado, en virtud del principio retributivo de la función pública. Por ello ordenó dar curso al pago en el menor plazo posible.

¿Puede un servicio de salud negarse a pagar por servicios prestados si no existe registro de contratación?

En este caso, el organismo constató que no existía registro de contratación y que el establecimiento no la formalizó porque faltaron antecedentes del cumplimiento de requisitos del cargo. Aun así, la Contraloría sostuvo que la falta de registro no impide el pago si se acredita la prestación efectiva de los servicios.

¿Qué principio fundamenta el pago de estipendios por labores de aseo en un establecimiento de salud pública?

En este caso, la Contraloría General de la República fundamentó su pronunciamiento en el principio retributivo de la función pública, citando dictámenes previos del mismo organismo. Sobre esa base concluyó que corresponde remunerar el tiempo trabajado.

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