Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido por un particular contra la Subsecretaría de Salud Pública, que no había entregado información sobre cementerios del país: un listado nacional actualizado y, para las regiones indicadas, sus características, situación sanitaria y capacidad, además de antecedentes sobre proyectos de ampliación, nuevos cementerios y medidas adoptadas durante la pandemia de Covid-19. El Consejo estimó improcedente la derivación de la solicitud a las Seremi regionales, pues se trataba de información pública que el organismo debía recabar y gestionar por sus propios órganos desconcentrados, y señaló que la información que obre en poder de la Administración debe entregarse salvo que su obtención implique un costo excesivo no acreditado por el organismo. Se ordenó entregar la información, tarjando previamente los datos personales de contexto, y, si alguna parte no obrara en poder del organismo o ya hubiera sido entregada por las Seremi, comunicarlo fundadamente al reclamante y al Consejo. Se previno el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia en caso de incumplimiento, y se dejó constancia de que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días.