La Dirección del Trabajo se pronunció sobre la terminación del contrato de profesionale…
Dictamen · Dirección del Trabajo · 1998
Resumen
La Dirección del Trabajo se pronunció sobre la terminación del contrato de profesionales de la educación que laboran en establecimientos administrados por Corporaciones Municipales, por la causal de salud irrecuperable prevista en la letra g) del artículo 72 de la ley 19.070. Concluyó que estas corporaciones pueden invocar esa causal desde el 1 de marzo de 1992; que el término opera desde el momento en que el empleador la invoca; y que no genera derecho a indemnización legal, sin perjuicio del beneficio remuneratorio del artículo 149 de la ley 18.883. Además, aunque la ley no fija formalidades, la Dirección estimó que el empleador debe comunicar por escrito la causal y los hechos en que se funda, para dar certeza jurídica a las partes y garantizar su derecho a defensa ante los tribunales.
Normas citadas
Ley 19.070
Artículo 72 de la ley 19.070
Ley 18.883
Artículo 149 de la ley 18.883
Preguntas frecuentes
¿Puede una Corporación Municipal poner término al contrato de un profesional de la educación por salud irrecuperable?
En este dictamen, la Dirección del Trabajo concluyó que las Corporaciones Municipales pueden invocar la causal de salud irrecuperable del artículo 72 letra g) de la ley 19.070 para terminar el contrato de profesionales de la educación, desde el 1 de marzo de 1992.
¿Corresponde indemnización por años de servicio si el despido es por salud irrecuperable en una Corporación Municipal?
La Dirección del Trabajo señaló que esta terminación no genera derecho a indemnización legal, sin perjuicio del beneficio remuneratorio del artículo 149 de la ley 18.883. Además, el término opera desde que el empleador invoca la causal.
¿Debe el empleador comunicar por escrito la causal de salud irrecuperable al profesional de la educación?
Aunque la ley no fija formalidades, la Dirección del Trabajo estimó que el empleador debe comunicar por escrito la causal y los hechos en que se funda, para dar certeza jurídica y garantizar el derecho a defensa ante los tribunales.
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