Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Corporación Municipal de San Fernando, que había denegado el acceso a información sobre el otorgamiento de aportes fiscales extraordinarios y anticipos de subvención, conforme a la Ley 20.158, para acogerse al R.V.A. entre los años 2007 y 2012. El Consejo ordenó la entrega de las resoluciones de la división jurídica del Ministerio de Educación que concedieron esos recursos, de las rendiciones de cuentas de su uso y del listado de profesionales beneficiarios. Lo resolvió por tratarse de información pública relativa a la Administración del Estado y al uso de recursos públicos. Al mismo tiempo, en aplicación del principio de divisibilidad, dispuso tarjar datos personales y sensibles de contexto, como cédula de identidad, domicilio, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular. Se ordenó cumplir en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, acreditando la entrega. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.