Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control previo de juridicidad del decreto N° 1.642, de 2015, del Ministerio de Hacienda, que autoriza al Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano a enajenar un inmueble. El organismo fundamentó su decisión en que la materia está exenta del trámite de toma de razón, según la resolución N° 1.600, de 2008, de la propia Contraloría. Por ello, remitió el decreto sin pronunciarse sobre su legalidad, dejando a salvo la aplicación de los controles de reemplazo previstos en el Título VI de dicha resolución.