Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un procedimiento de licitación pública convocado por la Municipalidad de La Granja. El órgano de control constató que las bases especiales no detallaron los certificados a los que remitían los pliegos generales, lo que generó confusión entre los oferentes sobre la documentación que debía presentarse. Con base en el artículo 20, inciso tercero, del reglamento de la Ley N° 19.886, que exige proporcionar la máxima información a los proveedores, concluyó que el municipio vulneró el deber de entregar antecedentes claros y de velar por la transparencia y el trato igualitario. Sin embargo, por existir situaciones jurídicas consolidadas basadas en la confianza de terceros de buena fe, no ordenó invalidar el proceso. En cambio, instruyó al municipio para que, en lo sucesivo, adopte medidas que aseguren que los pliegos concursales contengan toda la información necesaria, clara y precisa.