El Tribunal de Contratación Pública conoció una impugnación presentada por una empresa…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2023
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública conoció una impugnación presentada por una empresa constructora contra la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, por la licitación pública para la construcción de un cuartel de bomberos de la 2° Compañía de Los Lagos. La demandante cuestionaba la evaluación de las ofertas, en particular el criterio de capacidad financiera. El tribunal acogió la acción, declaró ilegal y arbitraria, y dejó sin efecto, el acta de apertura y evaluación y el decreto alcaldicio que adjudicó la licitación a otra empresa, rechazando la impugnación en lo demás. Ordenó retrotraer el proceso licitatorio a una nueva evaluación de las ofertas y continuar hasta su adjudicación, si procede. Además, alzó la suspensión del procedimiento, reconoció el derecho de la demandante a reclamar indemnizaciones y responsabilidades si el cumplimiento resultare imposible, y dispuso que cada parte pagara sus costas.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Procede anular la adjudicación de una licitación pública si la evaluación del criterio de capacidad financiera fue ilegal o arbitraria?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública acogió la impugnación y declaró ilegal y arbitraria la evaluación de las ofertas, en particular el criterio de capacidad financiera. Dejó sin efecto el acta de evaluación y el decreto que adjudicó la licitación, ordenando retrotraer el proceso a una nueva evaluación.
¿Qué efecto tiene la impugnación de una licitación pública sobre la suspensión del procedimiento de contratación?
En este caso, el tribunal alzó la suspensión del procedimiento licitatorio al resolver la impugnación. Así, ordenó continuar el proceso desde la nueva evaluación de las ofertas hasta su adjudicación, si procede.
¿Puede un oferente reclamar indemnización si la licitación pública no puede cumplirse tras una impugnación exitosa?
En este caso, el tribunal reconoció el derecho de la empresa demandante a reclamar indemnizaciones y responsabilidades si el cumplimiento del contrato resultare imposible. Además, dispuso que cada parte pagara sus propias costas.
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