El Tribunal de Contratación Pública rechazó la impugnación presentada por una sociedad…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2019
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública rechazó la impugnación presentada por una sociedad proveedora contra la Municipalidad de Punta Arenas, en el marco de una licitación pública para la adquisición y reposición de mobiliario para la educación municipal. La demandante alegó vicios en la composición de la comisión evaluadora y en la aceptación de una garantía expresada en UF, sin su equivalente en pesos. El tribunal consideró que el proceso se ajustó a las bases de licitación y a la ley, aplicando el principio de no formalización, y que la omisión de expresar la garantía en pesos no afectó la validez del documento ni causó perjuicio a otros oferentes. Asimismo, estimó que la nueva adjudicación al oferente con mayor puntaje ponderado, tras dejar sin efecto la adjudicación anterior, se ajustó a los principios que rigen la contratación pública. En consecuencia, se rechazó la demanda, ordenándose que cada parte pague sus costas.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Es nula una licitación pública si la garantía de seriedad de la oferta se expresa en UF y no en pesos?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública sostuvo que no, porque la omisión de expresar la garantía en pesos no afectó la validez del documento ni causó perjuicio a otros oferentes, aplicando el principio de no formalización.
¿Puede un oferente impugnar la composición de la comisión evaluadora en una licitación municipal de la Ley 19.886?
En este caso, el tribunal rechazó la impugnación por vicios en la composición de la comisión evaluadora, al estimar que el proceso se ajustó a las bases de licitación y a la ley.
¿Qué ocurre si la municipalidad deja sin efecto una adjudicación y adjudica nuevamente a otro oferente en una licitación pública?
En este caso, el tribunal estimó que la nueva adjudicación al oferente con mayor puntaje ponderado se ajustó a los principios que rigen la contratación pública, por lo que no hubo vicio que anular.
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