La Contraloría General de la República acogió el reclamo de un docente contratado por l…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República acogió el reclamo de un docente contratado por la Municipalidad de La Pintana contra un proceso disciplinario que lo separó de sus funciones. Determinó que el procedimiento debió tramitarse conforme a la ley N° 18.883 y no al Código del Trabajo, como ocurrió, por lo que ordenó su reapertura. Precisó que, al reabrirse, el acto que dispuso la desvinculación no puede producir efectos, por lo que el vínculo estatutario se mantiene vigente. En consecuencia, dejó sin efecto el decreto alcaldicio que lo desvinculaba, ordenó su reincorporación a las labores docentes y el pago de las remuneraciones adeudadas por el período en que estuvo separado, lo que la Municipalidad deberá informar en 20 días hábiles. No se pronunció sobre las demás alegaciones por resultar innecesario.
Normas citadas
Ley 19070 art/72 lt/b
ley 18883 art/127
ley 18883 art/143
DTO 453/91 educa art/143
ley 19070 art/72 lt/c
ley 18575 art/18
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Qué ley rige el proceso disciplinario de un docente contratado por una municipalidad en Chile, la Ley 18.883 o el Código del Trabajo?
En este caso, la Contraloría sostuvo que el procedimiento debió tramitarse conforme a la Ley 18.883 y no al Código del Trabajo, que fue lo que se aplicó. Por ello ordenó reabrir el proceso.
¿Qué efectos tiene la desvinculación de un docente municipal si el procedimiento disciplinario que la originó se anula?
En este caso, la Contraloría señaló que, al reabrirse el procedimiento, el acto que dispuso la desvinculación no puede producir efectos, por lo que el vínculo estatutario se mantiene vigente. Dejó sin efecto el decreto alcaldicio que lo desvinculaba.
¿Qué debe hacer la municipalidad cuando la Contraloría acoge el reclamo de un docente separado de sus funciones?
En este caso, la Contraloría ordenó la reincorporación del docente a sus labores y el pago de las remuneraciones adeudadas por el período de separación. La municipalidad debe informar el cumplimiento en 20 días hábiles.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
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