Resumen
La Contraloría General de la República cursó la resolución N° 180, de 2014, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que aplicó la destitución a un funcionario por sustraer dineros de carácter privado que le habían sido confiados en custodia, conducta que la autoridad calificó como infracción grave al principio de probidad administrativa (artículo 61, letra g), de la Ley N° 18.834). El funcionario alegó que las sumas no pertenecían a la institución y que no tuvo intención de defraudar ni contaba con una conducta anterior reprochable. El organismo contralor desestimó esas alegaciones: precisó que la probidad administrativa abarca todas las actividades que el servidor realiza en el ejercicio de su cargo, y que, al estar la sanción legalmente predeterminada para estas infracciones, la autoridad debe aplicarla sin poder considerar atenuantes. Por ello, la resolución fue cursada conforme a derecho.