Una afiliada recurrió de protección contra su Isapre y la Superintendencia de Salud por…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
Una afiliada recurrió de protección contra su Isapre y la Superintendencia de Salud por el alza unilateral del precio de las Garantías Explícitas en Salud (GES) de su plan, alegando ilegalidad y arbitrariedad. La Isapre opuso extemporaneidad y, en subsidio, pidió el rechazo por haber actuado conforme a los artículos 205, 206 y 206 bis del DFL N°, la Ley N°21.674 y las circulares de la Superintendencia. La Corte de Apelaciones desestimó la extemporaneidad, por tratarse de una afectación periódica y permanente, y rechazó el recurso sin costas. Estimó que la Isapre cumplió los requisitos legales y administrativos al informar los ajustes a la Superintendencia y comunicarlos a los afiliados en plazo, por lo que el acto no fue ilegal ni arbitrario ni vulneró garantías constitucionales.
Normas citadas
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Salud (arts. 205, 206, 206 bis)
Ley N°21.674
Ley N°19.966, artículo 42 B
Circular IF/N°511
Circular IF/N°516
Circular IF/N°520
Resolución Exenta IF/N°12651-2025
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Preguntas frecuentes
¿Puede una Isapre subir unilateralmente el precio de las GES en el plan de un afiliado?
En este caso, la Corte de Apelaciones sostuvo que la Isapre sí puede ajustar el precio de las Garantías Explícitas en Salud, porque cumplió los requisitos legales y administrativos al informar los ajustes a la Superintendencia y comunicarlos a los afiliados en plazo.
¿Cuándo empieza a correr el plazo para recurrir de protección contra un alza de precio de las GES?
En este caso, la Corte de Apelaciones desestimó la alegación de extemporaneidad, por tratarse de una afectación periódica y permanente que no se agota en un único momento. Así, el recurso fue considerado oportuno.
¿Un alza en el precio de las GES vulnera la garantía constitucional de la acción de protección?
En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso y estimó que el alza no fue ilegal ni arbitraria, ni vulneró garantías constitucionales. Por ello, no se acogió la acción de protección y no se impusieron costas.
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