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La Decimocuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago conoció un reclamo de ilega…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026

Resumen

La Decimocuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago conoció un reclamo de ilegalidad interpuesto por una sociedad comercial del rubro de restaurantes en contra de la Municipalidad de Ñuñoa, a propósito de la exigencia de un informe favorable de accesos, formulada por la dirección de tránsito municipal, como requisito para aprobar un proyecto de Tratamiento de Espacio Público. La Corte acogió el reclamo, con costas, y declaró ilegal y dejó sin efecto esa exigencia. Lo resolvió porque, según se constató, el proyecto estaba exento de presentar un I.M.I.V. y la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas ya había dado su conformidad técnica. Concluyó que la dirección municipal excedió sus atribuciones al arrogarse facultades de revisión de flujos e impacto vial, radicadas privativamente en autoridades sectoriales, e imponer cargas no contempladas en la normativa, infringiendo el principio de juridicidad.

Normas citadas

  • Art. 6 y 7 de la Constitución Política de la República
  • Art. 151 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
principio de juridicidadactos administrativoscompetencia municipalrecurso contencioso administrativoTratamiento de Espacio Público (TEP)

Preguntas frecuentes

¿Qué órgano tiene competencia para revisar el impacto vial de un proyecto de espacio público, la municipalidad o las autoridades sectoriales?

En este caso, la Corte sostuvo que las facultades de revisión de flujos e impacto vial están radicadas privativamente en las autoridades sectoriales, por lo que la dirección de tránsito municipal no podía arrogárselas. Con ello se infringió el principio de juridicidad.

¿Qué consecuencias tiene para un municipio exigir requisitos no previstos en la ley en la tramitación de un reclamo de ilegalidad?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo, declaró ilegal la exigencia, la dejó sin efecto y condenó en costas a la Municipalidad de Ñuñoa. Lo resolvió por infracción del principio de juridicidad, al imponer cargas no contempladas en la normativa.

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