La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por un…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por un funcionario municipal contra la Municipalidad de Las Condes, que impugnaba tres decretos alcaldicios relacionados con un sumario administrativo que culminó con una censura. El funcionario alegó nulidad de derecho público, prescripción y otras infracciones. La Corte sostuvo que el artículo 151 de la Ley N° 18.695 no permite que los funcionarios municipales impugnen sanciones disciplinarias mediante este reclamo, pues no son "particulares agraviados" y su vía de impugnación está regulada en el Título V de la Ley N° 18.883 (Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales). En consecuencia, declaró sin lugar el reclamo.
Normas citadas
Ley N° 18.695
Ley N° 19.880
Ley N° 18.883
Artículo 151 de la Ley N° 18.695
Oficio N° 1
Artículo 27 de la Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 18.838
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Preguntas frecuentes
¿Puede un funcionario municipal impugnar una censura disciplinaria mediante el reclamo de ilegalidad del artículo 151 de la Ley N° 18.695?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que no, porque el funcionario no es un particular agraviado en los términos del artículo 151 de la Ley N° 18.695. Su vía de impugnación de sanciones disciplinarias está regulada en el Título V de la Ley N° 18.883, por lo que rechazó el reclamo.
¿Qué vía procede para impugnar una sanción disciplinaria aplicada a un funcionario municipal en Chile?
En este caso, el tribunal indicó que la impugnación debe realizarse conforme al Título V de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, y no mediante el reclamo de ilegalidad municipal. Con ello declaró sin lugar el recurso presentado contra la censura.
¿Puede alegarse nulidad de derecho público y prescripción para dejar sin efecto decretos alcaldicios que sancionan a un funcionario municipal?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago no entró al fondo de los alegatos de nulidad de derecho público y prescripción, porque resolvió que el reclamo era improcedente por la vía elegida. Por eso declaró sin lugar la impugnación de los tres decretos alcaldicios.
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