La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó, sin costas, un reclamo de ilegalidad prese…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó, sin costas, un reclamo de ilegalidad presentado por una empresa en contra del acuerdo del C.M.L.C. que no adjudicó una licitación pública para un servicio de botón de pánico. La empresa sostenía que la decisión municipal era ilegal, pero el tribunal concluyó que el acuerdo adoptado por mayoría cumplía con el requisito de motivación propio de todo acto administrativo, pues en el acta respectiva se exteriorizaron las razones que llevaron al ente colegiado a rechazar la adjudicación. A juicio de la Corte, esa decisión no fue inmotivada, caprichosa ni carente de fundamentación, ni excedió las atribuciones del C.M., por lo que no era posible calificarla de ilegal. En consecuencia, y aplicando el artículo 151 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el reclamo de ilegalidad fue declarado improcedente.
Normas citadas
Ley N° 18.695
Artículo 151 de la Ley N° 18.695
Ley N° 19.880
Ley N° 19.886
Ley N° 18.880
Ley N° 18.883
Artículo 3 de la Ley N° 19.880
Artículo 9 de la Ley N° 19.880
Licitación PúblicaDesviación del FinActos AdministrativosPrincipio de LegalidadDerecho Administrativo
Preguntas frecuentes
¿Es ilegal que un municipio no adjudique una licitación pública si el acuerdo está motivado?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad, pues el acuerdo del concejo municipal que no adjudicó la licitación cumplía con el requisito de motivación al exteriorizar sus razones en el acta.
¿Qué requisito debe cumplir un acto administrativo municipal para no ser calificado de inmotivado?
En este caso, la Corte estimó que el acuerdo adoptado por mayoría no fue inmotivado ni caprichoso porque en el acta respectiva se exteriorizaron las razones que llevaron al ente colegiado a rechazar la adjudicación.
¿Procede el reclamo de ilegalidad contra un acuerdo municipal que no adjudica una licitación?
En este caso, la Corte declaró improcedente el reclamo de ilegalidad aplicando el artículo 151 de la Ley N° 18.695, al concluir que el acuerdo municipal no excedió las atribuciones del concejo ni carecía de fundamentación.
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