La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió una…
Sentencia · 2023
Resumen
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió una demanda de indemnización por daños y perjuicios promovida por una mujer que fue agredida sexualmente por su pareja durante una visita conyugal en un complejo penitenciario. El tribunal rechazó el recurso de apelación del Estado Nacional y acogió parcialmente el recurso de la actora, en los términos de los considerandos indicados. Sostuvo que el Servicio Penitenciario Federal incurrió en irregular cumplimiento de sus funciones de seguridad por la deficiente realización de requisas y el defectuoso funcionamiento de los sistemas de alerta, lo que configura responsabilidad patrimonial del Estado sin necesidad de identificar al personal concreto. Impuso las costas de ambas instancias a la demandada y ordenó modificar la carátula para consignar únicamente las iniciales de la actora, conforme a la ley 26.485.
Normas citadas
Artículo 68 del CPCCN
Artículo 3°, inciso k, de la ley 26.485
Artículo 16, inciso h, de la ley 26.485
Artículo 109 RJN
abuso sexualdaños y perjuiciosresponsabilidad del Estadofalta de servicio administrativovisitas carcelariasviolencia de géneroServicio Penitenciario Federalobligación de seguridad
Preguntas frecuentes
¿Es necesario identificar al agente concreto responsable para que proceda la responsabilidad del Estado por falta de servicio penitenciario?
En este caso, el tribunal sostuvo que la responsabilidad patrimonial del Estado se configura por el irregular cumplimiento de las funciones de seguridad del Servicio Penitenciario Federal, sin necesidad de identificar al personal concreto. Así, la falta de servicio se evalúa en el funcionamiento institucional.
¿Cómo se protege la identidad de una víctima de violencia de género en un expediente judicial en Argentina?
En este caso, el tribunal ordenó modificar la carátula del expediente para consignar únicamente las iniciales de la actora, conforme a la ley 26.485. Esta medida resguarda la identidad de la víctima de violencia contra las mujeres en el proceso.
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