Resumen
La Corte Suprema conoció un recurso de casación en un caso de abuso cometido por funcionarios policiales, en el que se discutía la indemnización por daño moral fijada a favor de la víctima, la cual había sido reducida en segunda instancia. El tribunal analizó si el monto establecido resultaba absurdo o arbitrario, recordando que la determinación del daño moral es una facultad discrecional de los tribunales de mérito, no revisable en casación salvo en casos extremos. Finalmente, la Corte resolvió que la suma fijada en apelación no merecía reproche, al no ser simbólica sino sustancial y no transgredir el principio de reparación integral, por lo que no acogió la pretensión de aumentar la indemnización.