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La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Provincia co…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Provincia contra la sentencia de primera instancia que la condenó a pagar daño moral y psíquico a un menor víctima de abuso sexual cometido por un funcionario público en una escuela pública. El tribunal confirmó la decisión, desestimando la defensa de prescripción alegada por la demandada, al considerar que el plazo para reclamar la responsabilidad civil comienza desde la sentencia penal condenatoria firme y no desde la comisión del delito. Se estableció que el Estado es responsable por los daños causados por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones, y se condenó en costas a la parte apelante.

Normas citadas

  • Artículo 4037 Código Civil (prescripción de dos años)
  • Artículo 4023 Código Civil (prescripción de diez años)
  • Artículo 62 CPCC (costas)
  • Artículos 257 y 259 CPCC (acuerdo de Sala)
  • Artículos 12 y 19 Ley Nº 3371 (regulación de honorarios)
  • Artículo 158 CPCC (aclaratoria)
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Preguntas frecuentes

¿Cuándo empieza a correr la prescripción de la acción de responsabilidad civil por abuso sexual cometido por un funcionario público?

En este caso, la Corte de Apelaciones sostuvo que el plazo para reclamar comienza desde que queda firme la sentencia penal condenatoria, y no desde la fecha en que se cometió el delito. Por eso desestimó la defensa de prescripción alegada por la Provincia.

¿El Estado responde civilmente por los daños que causan sus funcionarios cuando abusan de menores en establecimientos públicos?

En este caso, la Corte de Apelaciones confirmó que el Estado es responsable por los daños causados por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Por ello, mantuvo la condena al pago de daño moral y psíquico a la víctima menor de edad.

¿Quién paga las costas cuando se rechaza la apelación contra una sentencia que condena al Estado por daño moral?

En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de apelación y condenó en costas a la parte apelante, que era la Provincia. La resolución se fundó en la regla general de costas del Código de Procedimiento Civil.

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