Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema no acogió el recurso de apelación interpuesto por el contribuyente en contra de la resolución que rechazó el recurso de protección presentado en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en que a juicio del recurrente se había incurrido en un acto ilegal y arbitrario al restringir el acceso de la función de actualización de proveedores y de timbraje de facturas electrónicas en el portal web de la institución, tanto respecto del actor como persona natural, como de dos sociedades por él representadas. Tales hechos a juicio del ocurrente lo habrían privado del legítimo ejercicio de su derecho a ejercer una actividad económica lícita y a no ser discriminado por el Estado en materia económica. El recurrente indicó que era persona natural y, además, era representante legal de dos personas jurídicas y que el sistema informático del Servicio de Impuestos Internos no le permitía timbrar documentos ni actualizar el registro de proveedores, impidiéndole ejercer su actividad comercial. Agregó, que, si bien el artículo 8 Ter del Código Tributario permitía restringir la actividad tributaria de ciertos contribuyentes, requería, para su aplicación, la dictación de una resolución administrativa fundada, y la existencia de formalización o acusación penal en contra del infractor, sin que ninguna de las dos exigencias concurriera en la especie. Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos negó la conducta que se le imputaba e indicó que el contribuyente como persona natural, informó el término de giro anteriormente, circunstancia que le impidió emitir documentos tributarios. Respecto de una de las sociedades de las cuales era representante, indicó que la única persona autorizada ante el órgano fiscalizador para emitir documentos tributarios era un tercero, hijo del recurrente. Finalmente, en cuanto a la otra sociedad, el Servicio negó que se encontrara bloqueado y que incluso se habían obtenido 17 folios para timbraje de facturas con posterioridad a la presentación del recurso. La Corte Suprema señaló que no podía imputarse a la administración tributaria ilegalidad o arbitrariedad en su conducta, desde que el recurrente, como contribuyente persona natural, carecía de la aptitud jurídica para emitir documentación tributaria, mismo impedimento que le afectaba respecto de una de las sociedades al haber delegado tal facultad en un tercero que no había comparecido en ese arbitrio. Ahora bien, en lo atingente a la otra empresa el hecho denunciado en el libelo había sido expresamente negado por el recurrido, y se contraponía al mérito de los medios de convicción acompañados ante el tribunal de primera instancia, que daban cuenta de movimientos tributarios recientes incompatibles con el impedimento absoluto que alegaba sufrir. Dado lo anterior, el recurso de apelación fue desechado, confirmando que el arbitrio de protección había sido correctamente rechazado.