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El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 8°, numeral 2), de la Ley N° 18.101, que presume como domicilio del demandado el inmueble arrendado en juicios de arrendamiento. En el caso, la discusión se centró en si la presunción debía aplicarse a un contrato de arriendo ya terminado al momento de la notificación. Las disidentes sostuvieron que la determinación de si hubo fraude procesal, si era imposible usar el inmueble, o si el caso encuadra en la presunción, correspondía al juez del fondo como cuestión de apreciación de la prueba e interpretación legal, y que el problema no era de inconstitucionalidad sino de interpretación, por lo que el requerimiento debía desestimarse. La sentencia, con voto disidente, finalmente rechazó el requerimiento.

Normas citadas

  • Ley N° 18.101
  • Código de Procedimiento Civil
  • Oficio N° 615
  • Artículo 553 del Código de Procedimiento Civil
  • Artículo 40 del Código de Procedimiento Civil
  • Artículo 8° de la Ley N° 18.101
  • Ley N° 19.866
  • Ley N° 21.461
inaplicabilidad por inconstitucionalidadpresunción de derechonotificación de la demandadomicilio del demandadoarrendamiento de predios urbanosdebido procesofraude procesalinterpretación conforme a la Constitución

Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal Constitucional revisar si un juez aplicó bien una presunción de domicilio en un juicio de arrendamiento?

En este caso, las disidentes sostuvieron que determinar si hubo fraude procesal, si el inmueble era inutilizable o si el caso encuadraba en la presunción correspondía al juez del fondo. Según ellas, el problema era de interpretación y no de inconstitucionalidad, por lo que el requerimiento debía desestimarse.

¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional sobre la presunción de domicilio en juicios de arrendamiento de la Ley N° 18.101?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó finalmente el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. La sentencia tuvo un voto disidente que sostuvo que el asunto era de interpretación legal y no de constitucionalidad.

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