Resumen
Un juzgado civil de Puerto Montt remitió antecedentes al Tribunal Constitucional para que resuelva el requerimiento de inaplicabilidad del artículo 8 N°2 de la Ley N°18.101, en una demanda de término de contrato de arrendamiento por impago de rentas. La norma presume de derecho que el domicilio del demandado es el inmueble arrendado, lo que se aplicó para notificar la demanda y derivó en un incidente de nulidad por falta de emplazamiento. El tribunal estimó que esta presunción contraviene el derecho a un racional y justo procedimiento del artículo 19 N°3 de la Constitución, así como el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por hechos no imputables al demandado. Por ello ordenó suspender la tramitación de la causa hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie.