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La Contraloría General de la República se pronunció sobre una comunicación de la Superi…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre una comunicación de la Superintendencia de Educación que orientaba a directivos de establecimientos educacionales ante situaciones que podrían configurar microtráfico o consumo de drogas por estudiantes. El organismo concluyó que se trata de simples recomendaciones no vinculantes, por lo que no constituyen un actuar irregular de la Superintendencia ni afectan las atribuciones penales de otras entidades. Recordó que el artículo 175, letra e), del Código Procesal Penal obliga a directores, inspectores y profesores a denunciar delitos que afecten a alumnos o que hayan ocurrido en el establecimiento, y que los empleados públicos deben denunciar crímenes o simples delitos conforme al Estatuto Administrativo y su equivalente municipal.

Normas citadas

  • ley 20529 art/48 inc/1
  • ley 20529 art/49 lt/m
  • ley 20529 art/100 lt/g
  • CPR art/175 lt/e
  • ley 18834 art/61 lt/k
  • ley 18883 art/58
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿La Superintendencia de Educación puede obligar a los establecimientos a denunciar casos de microtráfico o consumo de drogas entre estudiantes?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que las orientaciones de la Superintendencia de Educación sobre estas situaciones son simples recomendaciones no vinculantes, por lo que no constituyen un actuar irregular del organismo.

¿Qué deben denunciar los directores, inspectores y profesores de un colegio cuando hay un delito que afecta a alumnos?

La Contraloría recordó que el artículo 175, letra e), del Código Procesal Penal obliga a directores, inspectores y profesores a denunciar delitos que afecten a alumnos o que hayan ocurrido en el establecimiento.

¿Tienen los funcionarios públicos de la educación la obligación de denunciar delitos conocidos en el ejercicio de sus funciones?

En este dictamen, la Contraloría recordó que los empleados públicos deben denunciar crímenes o simples delitos conforme al Estatuto Administrativo y su equivalente municipal, sin que la orientación de la Superintendencia altere esa obligación.

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