Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el decreto N° 369, de 2016, del Ministerio de Educación, que reglamenta el pago de multas de la ley N° 20.529 y el reintegro de subvenciones. El organismo observó que el artículo 8° del decreto limita la ejecución de la obligación de pagar multas a un porcentaje de los dineros que el Ministerio debe enterar al sostenedor, lo que contradice el artículo 2.465 del Código Civil y las normas sobre bienes embargables. Además, el inciso final de dicho artículo dispone que la multa se descuente de la subvención de otros establecimientos del mismo sostenedor, pero ello solo procede para quienes se rigen por el artículo 3° quáter del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, sobre distribución de recursos en red. También se detectó un error formal de redacción en el considerando N° 4. Por estas razones, la Contraloría representó el decreto, es decir, lo objetó, debiendo el Ministerio corregir las observaciones.