Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de los decretos N°s. 257 y 259, de 2012, del Ministerio de Educación, que aprueban modificaciones a los convenios que indica. Al hacerlo, constató una demora en la tramitación de estos instrumentos, lo que el organismo calificó como infracción al artículo 8° de la ley N° 18.575 y al artículo 7° de la ley N° 19.880, que exigen actuar por propia iniciativa y con celeridad. Por ello, instruyó al Ministerio a adoptar las medidas necesarias para que sus instrumentos se dicten y envíen a tramitación oportunamente. Además, precisó que el inciso segundo del artículo 2° de los decretos no corresponde, pues el artículo 4° del decreto ley N° 3.166 dispone que los montos de asignación se fijen mediante resolución ministerial visada por Hacienda. Finalmente, observó que las enmiendas no fueron salvadas al margen mediante timbre y media firma de la autoridad competente, requisito que no se cumplió en este caso.