Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de los decretos Nos. 485, 503 al 515, 518 al 525 y 540 al 543, de 2012, del Ministerio de Educación, que aprueban convenios para el desarrollo de proyectos del Fondo de Fortalecimiento para las Universidades, pero con alcances. El organismo observó que, pese a no haberse estipulado el procedimiento a seguir tras la paralización de las entregas de recursos, el Ministerio debe pronunciarse oportunamente sobre la continuidad o el término anticipado de los proyectos, conforme al artículo 8° de la ley N° 18.575. Además, dispuso que sólo podrán considerarse ejecutados los gastos no pagados que cuenten con orden de compra u otro documento equivalente anterior al término anticipado del convenio, y que los egresos de años siguientes se imputen al subtítulo e ítem correspondiente cuando exista disponibilidad presupuestaria. Respecto de los decretos con universidades privadas, se resolvió que no les es exigible llevar contabilidad de los caudales conforme a las normas públicas. El Ministerio deberá corregir los aspectos observados mediante nuevos actos administrativos, sujetos a control preventivo de juridicidad.