Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 260, de 2012, del Ministerio de Educación, que aprueba la modificación de un convenio, por estimarlo ajustado a derecho. No obstante, hizo presente que el instrumento fue remitido a toma de razón con evidente retraso: el acuerdo se celebró el 30 de diciembre de 2011, fue sancionado por decreto el 28 de junio de 2012 e ingresó al organismo recién el 9 de julio de 2012. Esta demora fue considerada una infracción al artículo 8° de la ley N° 18.575 y al principio de celeridad del artículo 7° de la ley N° 19.880, según la jurisprudencia administrativa del propio organismo. Por ello, instruyó al Ministerio que adopte las medidas necesarias para que sus instrumentos se dicten y envíen a tramitación oportunamente. Además, precisó que el artículo 4° del decreto ley N° 3.166, de 1980, exige que los montos de recursos anuales para establecimientos se fijen mediante resolución visada por el Ministerio de Hacienda, por lo que no corresponde la mención contenida en el inciso segundo del artículo 2° del decreto examinado.