Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de un ciudadano que pidió el pago de remuneraciones por un reemplazo como auxiliar en el Hospital El Pino durante 2011. El establecimiento había suspendido sus funciones tras detectar, en el certificado de antecedentes, una inhabilidad del artículo 12, letra f), de la ley N° 18.834, que exigía no estar condenado por crimen o simple delito. El dictamen sostuvo que la falta de una designación formal no libera a la Administración de pagar las rentas del tiempo efectivamente trabajado por orden de la autoridad, por aplicación del principio de enriquecimiento sin causa. Ordenó que el servicio estudie la situación y, si procede, pague lo que corresponda, considerando los plazos de prescripción aplicables.