El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra el Servicio de Vivi…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2026
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica-Parinacota, que había denegado el acceso a una copia del certificado de visitas realizado a un inmueble. El Consejo estimó que se trataba de información pública y que el organismo no logró acreditar las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letras a) y b), de la Ley de Transparencia. Por ello ordenó la entrega de la información, condicionada a que la persona solicitante acredite su identidad o la de su representante, por contener datos de carácter personal. La decisión advierte que el incumplimiento de la entrega ordenada puede ser sancionado con multa y que el organismo debe acreditar el cumplimiento ante el Consejo. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 19.628
Resolución Exenta N° 1799
Artículo 21 de la ley 20.285
Artículo 17 de la Ley N° 19.880
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Un servicio público puede negar el acceso a un certificado de visitas a una vivienda alegando reserva de información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que se trataba de información pública y que el organismo no logró acreditar las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letras a) y b), de la Ley de Transparencia, por lo que ordenó su entrega.
¿Se debe entregar información pública que contiene datos personales si el solicitante no acredita su identidad?
En este caso, el Consejo ordenó la entrega de la información, pero condicionada a que la persona solicitante acredite su identidad o la de su representante, por contener datos de carácter personal.
¿Qué sanciones enfrenta un organismo que no cumple una orden de entrega de información del Consejo para la Transparencia?
En este caso, la decisión advierte que el incumplimiento de la entrega ordenada puede ser sancionado con multa, y que el organismo debe acreditar su cumplimiento ante el Consejo. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.
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